Poder Judicial respalda resolución de Sunedu sobre denegatoria de licencia de la UJCM
La Universidad José Carlos Mariátegui presentó una demanda con el objetivo de dejar sin efecto la denegatoria de licencia institucional. Hasta enero, la Sunedu ha otorgado 94 licenciamientos.
En junio del 2020, y tras la evaluación técnica, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) resolvió denegar el licenciamiento institucional a la Universidad José Carlos Mariátegui (UJCM), con sede en Moquegua. Conocida la decisión, el centro de estudios apeló.
Y este viernes 20 de agosto, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada, en segunda instancia, la demanda que buscaba dejar sin efecto la resolución del organismo adscrito al Ministerio de Educación (Minedu).
Con dicha apelación, la UJCM quería, además, que se declare nulo el Informe Técnico de Licenciamiento (ITL) que presentó la Sunedu para que así puedan retornar a la etapa de revisión documentaria.
Como lo detalló el organismo, el licenciamiento se le fue denegado al centro de estudios porque su Plan de Adecuación no subsanó las observaciones referidas a los cumplimientos de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) que exige la Ley Universitaria.
Hasta el 4 de enero del 2021, la Sunedu ha otorgado 94 licenciamientos, de los cuales 92 han sido a universidades y dos a Escuelas de Posgrado.
Por otro lado, hasta el 27 de febrero del 2021, el organismo ha denegado el licenciamiento a 49 universidades y 2 escuelas de posgrado.
Gobierno declara en emergencia el sistema educativo peruano
Este viernes 20 de agosto, el Poder Ejecutivo oficializó la declaratoria de emergencia del sistema educativo peruano, medida que adelantó el presidente Pedro Castillo en su mensaje ante el Congreso de la República el 28 de julio.
Según el Decreto Supremo nº 014-2021-Minedu que se publicó en la sección normas legales del diario El Peruano, dicha disposición abarca el segundo semestre de este año y el primer semestre de 2022.
“El brote de la COVID-19 ha generado, entre otros efectos negativos, la pérdida significativa de los aprendizajes y la afectación de la situación socioemocional de los estudiantes, así como la interrupción y el riesgo de abandono de estudios; asimismo, ha evidenciado la necesidad de fortalecer la labor docente y de reducir la brecha de conectividad que limita el acceso a la educación”, sostiene el decreto.
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