En diez años, exoneraciones tributarias cuestan al Estado S/ 93 mil millones
Legado del fujimorismo. Una investigación de Ojo-Publico.com –que construyó una base de datos para analizar los beneficios tributarios vigentes en el Perú– revela que en la última década el Estado dejó de recaudar S/ 93.629 millones por este beneficio por la existencia de 78 exoneraciones tributarias, gran parte de las cuales se originaron en el gobierno de Alberto Fujimori. Los sectores más favorecidos proceden del negocio agroexportador, educativo, bancario, hidrocarburos y minería.
El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski hará público un paquete legislativo para aumentar la recaudación tributaria y mejorar la economía del Perú. Sin embargo, entre las medidas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) –que incluye la revisión de la principal ley antielusiva del país y la amnistía para que los peruanos traigan su dinero en el extranjero, entre otras– no aparece ninguna que acabe con el exclusivo grupo empresarial que se beneficia con algunas de las exoneraciones tributarias creadas para promover la inversión privada desde los años ‘80, pero que actualmente solo sirve para evitar el pago de impuestos o para la creación de fortunas personales.
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Ojo-Publico.com creó una base de datos con información de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y el Ministerio de Economía y Finanzas(MEF) para identificar los beneficios tributarios que se crearon en el Perú desde 1980.
El análisis concluyó que 78 exoneraciones están vigentes, gran parte de las cuales se originaron en el gobierno de Alberto Fujimori, y que en la última década el Estado dejó de recaudar S/ 93.629 millones por este beneficio (US$27 mil millones). Los resultados revelan que los sectores más favorecidos proceden del negocio agroexportador, educativo, bancario, hidrocarburos y minería.
Durante la creación de la base de datos, Ojo-Publico.com accedió a un oficio de la alta gerencia de la Sunat que alerta sobre las millonarias cantidades de dinero que el Estado dejó de recaudar por estos beneficios. El oficio 031-2016, que llegó a manos de Rossana Polastri, viceministra de Hacienda de Pedro Pablo Kuczynski, ratifica la importancia de la serie de investigaciones periodísticas que iniciamos hoy sobre la política fiscal en el Perú.
En el documento oficial se indica que los costos ocultos que proceden de la aplicación de estas exoneraciones acaban sobrecargando los tributos de otro grupo de contribuyentes y al mismo tiempo demandan más recursos públicos para fiscalizar el uso correcto del dinero destinado originalmente para promover la inversión.
La investigación concluye que compañías de cinco sectores concentran el 46,5% (S/ 44.799 millones) de los S/ 93.629 millones que la Sunat no recaudó en la última década. Ellas proceden de los siguientes rubros: agroexportación (21%), educación (11%), banca (9%), hidrocarburos (3,9%) y minería (1,6%).
Esta radiografía contrasta dramáticamente con el 5% al que equivalen las exoneraciones por IGV y otras que se han brindado para no encarecer el precio final de determinados bienes como la importación de medicamentos contra el cáncer, el VIH y la diabetes; la venta de libros, los pasajes de transporte público, los servicios que prestan las instituciones culturales o deportivas, entre otros.
Los más beneficiados
El negocio agropecuario lidera este exclusivo grupo de beneficiados por la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) para frutos, hortalizas y otros insumos desde el 2004 y en menor parte por la llamada Ley de Promoción Agraria del 2000, con los cuales este sector ahorró S/ 20 mil millones: 21% del total que la Sunat dejó de cobrar en el período analizado.
Una de las beneficiadas fue la empresa de José Chlimper, director de la agroexportadora Agrokasa, ex ministro de Agricultura de Fujimori, ex secretario de Fuerza Popular y recién elegido miembro del directorio del Banco Central de Reserva (BCR).
En el 2000 el gobierno de Fujimori promulgó la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) que fue impulsada y firmada por Chlimper, siendo ministro de Agricultura y presidente del directorio de la Sociedad Agrícola Drokasa (hoy Agrokasa). Esta norma le permitió beneficiarse con cuatro excepciones: la reducción del Impuesto a la Renta al 15%, la depreciación acelerada del costo de su infraestructura, la devolución del IGV y el descuento del 20% de sus impuestos si invierten en zonas eriazas.
El plazo de la ley debía caducar el 2010, pero el gobierno de Alejandro Toledo, a días de dejar el cargo, extendió su vigencia hasta el 2021. El presidente del Consejo de Ministros que firmó la prórroga en esa época fue Pedro Pablo Kuczynski, presidente de la República. Actualmente, la Asociación de Exportadores (Adex) planea extender el beneficio por 20 años más.
Según su revista institucional, Perú Exporta, el mismo Kuczynski, así como José Manuel Hernández (actual ministro de Agricultura), y la legisladora fujimorista Cecilia Chacón prometieron mantener esta exoneración.
Los S/ 93.629 millones, que no recaudó el Estado en la última década, equivalen al 30% de lo que se requiere para instalar redes de agua y desagüe en todos los hogares del Perú, pero también representa 20 veces la inversión total que se destinó para la ejecución de los programas sociales Beca 18, Qali Warma y Cuna Más, en el último quinquenio.
Según el informe Marco Macroeconómico Multianual del MEF, este año la Sunat dejará de recibir S/ 13 mil millones por las exoneraciones tributarias, el equivalente al 2% del Producto Bruto Interno (PBI), el mismo monto que el titular del MEF Alfredo Thorne dijo que recaudará con las facultades legislativas que obtuvo del Congreso.
Los 78 beneficios tributarios se aplican bajo seis modalidades diferentes: la exoneración de impuestos, devolución, deducción, diferimiento, créditos y tasas diferenciadas. A este paquete se le denomina gastos tributarios y fue durante el régimen de Fujimori que el Congreso y el Ejecutivo extendieron estos tratamientos diferenciados a los sectores de la minería, industria y agricultura, creando otros en zonas geográficas como la Amazonía y la zona franca de Tacna.
Ojo-Publico.com se comunicó con los voceros del Ministerio de Economía y Finanzasy solicitó una entrevista para conocer si la institución revisará la idoneidad de los 78 beneficios tributarios que se mantienen actualmente, pero no hubo respuesta al cierre de edición.
¿Promoción de inversión?
Miguel Pecho, investigador del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), refiere que no hay un estudio actualizado que confirme si las exoneraciones cumplieron los fines para los que fueron creados.
"Es necesario saberlo porque el Gobierno podría estar subsidiando a algunas empresas que ya no necesitan el apoyo, además, al estar fuera del radar fiscalizador de la Sunat, este mecanismo permite que se filtren actos de corrupción o de elusión fiscal", advierte el especialista.
Para Eduardo Zegarra, investigador principal de Grade, quienes han aprovechado exoneraciones como la Ley de Promoción Agraria, dada en el gobierno fujimorista, han sido las grandes empresas, pues muchos pequeños agricultores son informales y, al carecer de RUC, no pagan impuestos.
"El tema es saber por cuánto tiempo más el Estado va a seguir compensando a un sector que ya ha despegado por sí mismo. Ya van 15 años de beneficios y se debería ir pensando en acabar con estas gollerías", dijo.
El último documento que intentó analizar el tema data del 2003 y fue encargado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a Apoyo Consultoría para analizar el costo-beneficio de los 193 incentivos tributarios vigentes hasta el 2000.
El informe concluye que esta práctica desvía la carga tributaria a otros contribuyentes, afecta la asignación adecuada de recursos, incrementa los costos administrativos de recaudación y fiscalización y "dependiendo de la forma en que se otorguen, pueden ser una fuente de corrupción".
Polémicas concesiones
Hay exoneraciones polémicas, como la liberación del 18% del IGV a los juegos de azar bajo el argumento de que no se les puede exigir doble tributo porque ya están gravados por los municipios o con el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), aunque este sea solo del 10%. En la última década el fisco dejó de recaudar S/ 1,085 millones por este motivo.
Igual pasa con las empresas que donan a la Iglesia Católica, al Estado y a entidades de asistencia social, pues pueden exigir la reducción de su Impuesto a la Renta si declaran que invirtieron recursos en dádivas de esta especie. Además, se les libera de IGV, ISC y aranceles por la adquisición o entrega de dichos productos. Este concepto significó una exoneración de S/ 872 millones en el mismo período.
En una zona gris está el régimen tributario especial que rige en la Amazonía, al que se pueden acoger empresas de cualquier rubro para reducir o anular el Impuesto a la Renta y el IGV, pues se presume que ello traerá más trabajo y desarrollo a sus pobladores. Estas exoneraciones se aplican desde 1998 y algunas han sido prorrogadas hasta el 2048.
"Hay muchas empresas que inscriben su razón social en la selva para aprovechar las condiciones tributarias en la Amazonía sin operar realmente en la zona o dar trabajo a su gente; la usan de fachada. No hay quien lo fiscalice y se ha convertido en una puerta legal para la elusión y evasión tributaria", advierte el economista jefe del Instituto Peruano de Economía (IPE), Pablo Secada.
Otro beneficio polémico es el uso del Drawback, devolución de aranceles que paga una empresa por los insumos que importa para confeccionar un producto que será vendido en el exterior, lo cual le significó al Estado una pérdida fiscal de S/ 8.825 millones durante la última década.
El 2014, el entonces ministro de Economía Alonso Segura cuestionó esta práctica porque el monto devuelto termina siendo mayor al que pagan las exportadoras, y eso lo convierte en un subsidio estatal. Ollanta Humala redujo la tasa del Drawback a un 3% para este año, pero el actual gobierno emitió el 14 de octubre un decreto supremo aumentando la tasa de devolución al 4% para favorecer a estas empresas hasta el 2018.
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