Por primera vez en la historia del país un presidente de la República es investigado, sin suspensión, durante su mandato por presuntos cargos en el ejercicio de sus funciones. El viernes último, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso ampliar la indagación preliminar que abrió el 5 de mayo en contra del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y 6 congresistas de Acción Popular, e incluir al jefe del Estado.
El fiscal de la Nación señala que al mandatario Pedro Castillo se le investigará por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.
Se trata del caso del favorecimiento por parte del organismo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Provías Descentralizado, en beneficio de 3 constructoras chinas y 2 peruanas que obtuvieron 7 contratos por 814,5 millones de soles durante la gestión del exministro Silva.
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El hecho lo reveló la colaboradora eficaz Karelim López, quien señaló la existencia de una supuesta red criminal que operó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y que supuestamente estaba encabezada por el presidente Castillo desde Palacio de Gobierno.
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